Un estudio afirma que hasta el treinta por ciento del Archipiélago podría quedar ocupado por la urbanización y las vías
La Opinión de Tenerife ha difundido la noticia de que Un informe de la ULL revela la pérdida histórica del suelo en el Archipiélago. El texto aporta que se ha legislado para duplicar la superficie construida.
Canarias ante la crisis energética advierte que las islas están perdiendo su recurso no renovable fundamental, lo que está restando capacidad de autoalimentación en las islas, y de posibilidad de recuperar ese suelo para la actividad agropecuaria. El cenit y declive del petróleo supondrá un encarecimiento progresivo de los alimentos, y el riesgo de interrupción e inseguridad del suministro energético supondrá un grave problema para la suministro alimentario de la actual población del archipiélago.
Por su interés, insertamos el texto de la noticia del citado diario:
Un equipo de la Universidad de La Laguna (ULL) participó en el año 2003 en la realización de un completo diagnóstico del Medio Ambiente en Canarias, el cual no llegó a publicarse. En este documento se destaca la pérdida “histórica” del suelo en el Archipiélago, pues ya las vías y construcciones suponen el 15 por ciento del suelo y se ha legislado para que este porcentaje se duplique.
El Diagnóstico Ambiental de Canarias fue un documento que un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) realizó en el año 2003 para la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias pero que nunca llegó a publicarse. En él se establecían los principales problemas medioambientales del Archipiélago, empezando por “las discrepancias en la asignación y en el ejercicio de las competencias, la descoordinación administrativa, la falta de desarrollo de muchos planes y el hecho de que buena parte del planeamiento municipal esté pendiente de la adaptación a la normativa vigente son algunos de los indicadores de la falta de desarrollo del marco de ordenación del territorio orientado al desarrollo sostenible”.
El informe recalca que esta situación favorece la aparición de una serie de problemas entre los que destacan “el elevado porcentaje de viviendas ilegales, la ocupación del suelo agrario vinculada a la implantación de infraestructuras y espacios de ocio asociados a los asentamientos dispersos; el crecimiento urbano en zonas de alto riesgo natural y la ubicación de núcleos de carácter marginal en las periferias urbanas”.
Con respecto al suelo, el documento certifica que “las extracciones, la ejecución de infraestructuras y la urbanización son algunas de las actividades que alteran en mayor medida la capacidad agronómica del suelo”. Como dato, aportan que “sólo en vías y edificaciones se consume un 15 por ciento del territorio y se ha legislado capacidad para ocupar hasta un 30 por ciento y en algunas islas más de un 40 por ciento, lo que supone uno de los procesos de pérdida de suelo más importantes de la historia”.
En este documento se resalta también la escasa participación ciudadana en los modelos de gestión y de desarrollo en Canarias y atribuye esta situación, en parte, a la infrautilización de los sistemas de información geográfica y de otras herramientas de ordenación del territorio.
En relación al paisaje, este informe técnico recuerda que se trata de una de las señas de identidad del Archipiélago y asegura que “actualmente no existe un marco legal que garantice la protección eficaz” del mismo y añade que este recurso se contempla en muchas disposiciones pero “no se desprende de una normativa clara que dirija su gestión”, a lo que se añaden los problemas de “disciplina urbanística” con sus consecuencias en edificación ilegal, vertederos incontrolados y las canteras ilegales. A juicio del informe, “la dispersión de las edificaciones en suelo rústico y la inexistencia de criterios claros en la arquitectura popular canaria son otros factores que contribuyen a incrementar el problema”. El diagnóstico recalca que el patrimonio natural en flora y fauna de Canarias es “extremadamente frágil debido a la insularidad y al paulatino incremento de la presión demográfica auspiciado por el turismo”. Por ello, insisten en que se debe incluir la protección de este patrimonio en las distintas políticas sectoriales aunque también señala la escasa sensibilización de la población ante estas cuestione, “que se hace patente en su reducido conocimiento y valoración del patrimonio natural canario”. También incide en el problema de la introducción de especies foráneas y su dispersión en el medio natural.
